En un esfuerzo conjunto por blindar las fronteras y desarticular las redes delictivas que operan a nivel regional, las Fiscalías Generales de Paraguay y El Salvador han suscrito un histórico convenio de cooperación técnica y jurídica. El acuerdo, firmado en la sede del Ministerio Público en Asunción, busca enfrentar de manera directa fenómenos como el narcotráfico, el lavado de dinero y la corrupción. El fiscal general Emiliano Rolón, y su homólogo salvadoreño, Rodolfo Delgado, formalizaron este compromiso que prioriza el intercambio de inteligencia y experiencias en la persecución penal. Según informaron ambas instituciones, el objetivo primordial es fortalecer la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, garantizando una cooperación fluida en los procedimientos penales y el respeto irrestricto a los derechos humanos, sobre la base de intercambio de información sobre rutas de tráfico de estupefacientes y estadísticas detalladas para comprender la evolución de los delitos, las acciones coordinadas para investigar el lavado de activos y la financiación del terrorismo, la cooperación en la identificación, congelamiento y decomiso de bienes vinculados a actividades ilícitas y la Persecución de cualquier manifestación de corrupción en ambos países, bajo estándares internacionales.
La firma de este acuerdo se produce en un contexto de intensa actividad operativa en territorio paraguayo. Recientemente, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en colaboración con el Ministerio Público, lograron la destrucción de casi ocho toneladas de marihuana en el departamento de Amambay.
La operación, realizada en la localidad de Colonia Potrero Sur, permitió el hallazgo de siete campamentos clandestinos donde la droga ya estaba acondicionada para su traslado hacia estructuras de tráfico transfronterizo. Este tipo de intervenciones subraya la necesidad de identificar la cadena de responsabilidad completa dentro de las organizaciones criminales, uno de los puntos clave del nuevo acuerdo con El Salvador.
Este convenio representa, en palabras del fiscal Emiliano Rolón, un “paso importante para fortalecer el trabajo conjunto” a nivel internacional. La planificación de estrategias de persecución penal conjunta permitirá a ambas naciones no solo reaccionar ante el crimen, sino anticiparse a la evolución de los distintos fenómenos criminales que afectan la estabilidad de la región.
Con esta alianza, Paraguay refuerza su compromiso de cooperar con socios estratégicos para desmantelar las finanzas de las mafias transnacionales y asegurar que la justicia prevalezca sobre el crimen organizado.
