El Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) ha concluido su cuarta sesión de trabajo tripartita, dejando un escenario de marcadas divisiones y una creciente tensión entre los sectores que buscan definir el reajuste salarial legal vigente para el presente año. Mientras el sector obrero exige un aumento que responda al costo de vida real, los empleadores se mantienen cautos a la espera de los informes técnicos oficiales del Banco Central del Paraguay (BCP). Las centrales obreras, representadas por el dirigente Bernardo Rojas, han ratificado su pretensión de un incremento del 20%, lo que equivaldría a un monto de G. 647.000 adicionales al salario actual. El argumento de los trabajadores se centra en que el ajuste no debe limitarse únicamente a lo establecido por la ley o la inflación oficial, sino que debe pesar “la realidad de la calle” y el encarecimiento de la canasta básica. Ante lo que consideran una falta de contrapropuesta “seria” por parte de la patronal, los sindicatos han planteado suspender las conversaciones con el sector empresarial para intentar agotar las instancias de diálogo directamente con el Poder Ejecutivo. Rojas advirtió que, de no haber una respuesta concreta, tomarán medidas legales correspondientes en su momento. En la otra vereda, el representante de los empleadores, Enrique Vidal, ha rechazado de plano la propuesta del 20% y sostiene que cualquier decisión debe ceñirse estrictamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el BCP. Los empresarios argumentan que basarse en estadísticas oficiales es fundamental para preservar la estabilidad macroeconómica y la previsibilidad del mercado. Hasta el momento, la patronal no ha puesto cifras sobre la mesa, alegando que es imposible hablar de porcentajes sin contar primero con el informe de inflación del mes de mayo. Se espera que dicho documento esté disponible a inicios de la próxima semana, lo que permitiría retomar la discusión técnica el miércoles siguiente. El Gobierno, a través de la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, y el viceministro César Segovia, busca mediar en un ambiente que, pese a las diferencias, se ha mantenido en el marco del respeto. El objetivo de las autoridades es elevar una propuesta de ajuste a la Presidencia de la República antes del 15 de junio.
En caso de no alcanzarse un consenso en las próximas sesiones, la Conasam enviará las posturas divididas para que el presidente Santiago Peña tome la decisión final mediante un decreto. Por ahora, el análisis prosigue y se prevén novedades determinantes para la próxima semana, una vez que el BCP entregue los datos de variación de precios al cierre del mes.
