Dr. Robert Marcial González: las deudas de la democracia paraguaya a 34 años de la Constitución de 1992

En el marco de un nuevo aniversario de la Carta Magna, se analizan los desafíos estructurales que enfrenta el pacto social paraguayo. A través del análisis del Dr. Robert Marcial González, se puso de relieve que, aunque la Constitución de 1992 nació como un antídoto contra el autoritarismo, su implementación material sigue siendo una materia pendiente.

La Constitución de 1992 surgió tras la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) como un pacto social abierto, plural y participativo. Su propósito fundamental, según el Dr. González, fue establecer una “fórmula contra toda forma de poder concentrado”, permitiendo que el ciudadano controle a sus gobernantes mediante un sistema de frenos y contrapesos. Este texto es considerado uno de los más democráticos de la historia del país debido a la amplia participación ciudadana en su creación, diferenciándose de cartas anteriores que fueron “impuestas por quienes ejercían el poder”.

Uno de los mayores desafíos señalados es la tensión entre la lógica de la democracia (el impulso de las mayorías) y la lógica de la Constitución (el límite jurídico a ese impulso). En palabras del especialista, la democracia actúa como el “acelerador” que busca que las mayorías se impongan, mientras que la Constitución actúa como el “freno o embrague”, garantizando que nadie quede fuera del debate y que el poder fundamente sus decisiones.

A pesar de contar con un texto formalmente “robusto” que reconoce una amplia gama de derechos y libertades, Paraguay enfrenta obstáculos críticos para que estas promesas se conviertan en realidad. América Latina es el continente más desigual, y Paraguay es señalado como el país más desigual de la región. Esta exclusión masiva en educación, salud, empleo y transporte impide que la democracia se consolide, ya que el ciudadano común siente que las “promesas de la Constitución no le llegan”.

Existe una profunda desconfianza hacia los poderes públicos, especialmente hacia el Poder Judicial. Se critica que la Corte Suprema de Justicia a menudo actúa dando “la espalda a la ciudadanía” y mostrándose más comprometida con los privilegios del poder político que con la tutela de las garantías constitucionales. Un desafío reciente y alarmante es la tendencia a reducir la democracia únicamente al gobierno de la mayoría, descuidando la protección de las minorías y el debido proceso.

El Dr. González advierte que, si se valida que las mayorías coyunturales atropellen derechos fundamentales (como el derecho a la defensa), el ciudadano queda en una situación de extrema vulnerabilidad. El problema central no es solo el texto, sino la falta de una cultura que haga aterrizar los principios constitucionales en el día a día. Se menciona que muchos órganos encargados de velar por la Constitución, como el Consejo de la Magistratura o el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, están constantemente bajo sospecha ciudadana.

A más de tres décadas de su firma, el principal desafío de la Constitución de 1992 es dejar de ser un “ornamento decorativo” para convertirse en un instrumento real de dignidad. La falta de magistrados con coraje cívico y el desborde de un poder político que no encuentra límites judiciales efectivos son las mayores amenazas para la convivencia pacífica y el Estado de Derecho en Paraguay.