En un acto de profunda significación institucional y democrática, el Estado paraguayo realizó el reconocimiento público de su responsabilidad internacional y pidió disculpas a la familia del periodista Santiago Leguizamón Zaván, asesinado el 26 de abril de 1991. Este evento, celebrado en el Palacio de Justicia de Asunción, marca un paso crucial en el cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso “Santiago Leguizamón Zaván y Otros vs. Paraguay”. El acto fue presidido por el doctor Alberto Martínez Simón, presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien en representación del Estado expresó formalmente el reconocimiento de la responsabilidad internacional por las violaciones de derechos humanos declaradas en el fallo de la Corte IDH.
La sentencia estableció que el Estado paraguayo incumplió sus obligaciones de proteger derechos fundamentales y de realizar una investigación diligente sobre el crimen cometido en la frontera. Este reconocimiento público constituye una de las medidas de reparación ordenadas por el tribunal internacional. El presidente de la CSJ, resalto que, cumplir con estas decisiones no debilita a las instituciones, sino que es una “manifestación de madurez democrática y de compromiso con el Estado de Derecho”. El evento subrayó la interconexión entre la labor periodística y la salud de una democracia.
Los discursos resaltaron varios derechos y valores fundamentales que el Estado debe garantizar: Se reconoció que el asesinato de Leguizamón fue un ataque directo contra el debate público libre y el acceso a la información. Santiago Ortiz, del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), advirtió que la impunidad en este caso envió un mensaje peligroso a la sociedad, permitiendo que otros 21 trabajadores de prensa fueran asesinados desde entonces. Tras 35 años de espera, el acto buscó restaurar la dignidad de la familia Leguizamón-Morra, reconociendo que las respuestas institucionales habían sido insuficientes.
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Dante Leguizamón, hijo del periodista, destacó que la Corte IDH identificó a su padre no solo como periodista, sino como una persona defensora de derechos humanos, lo que obliga al Estado a generar políticas públicas de prevención y protección efectivas. A pesar del avance que significa este acto, los representantes de la sociedad civil y la familia enfatizaron que el cumplimiento de la sentencia debe ser integral y no un mero formalismo. Entre las demandas pendientes para garantizar la no repetición de estos crímenes se encuentran, la aprobación urgente de la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, la conformación de un grupo de trabajo para investigar no solo el caso de Santiago, sino todos los asesinatos de periodistas que siguen impunes en el país, el fortalecimiento de la independencia judicial para asegurar que ninguna persona vea restringida su libertad por amenazas o temor.
El acto concluyó como un ejercicio de memoria histórica, reafirmando que el periodismo libre es esencial para la construcción de una patria más justa y soberana. Como señaló el representante del SPP, “defender a quienes informan es defender el derecho de toda la sociedad a conocer la verdad”.
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