¿Es el prevaricato inaplicable en Paraguay? El polémico debate planteado por el exmagistrado Daniel Ledesma

El exmagistrado Daniel Ledesma con 24 años de trayectoria en diversos fueros del Chaco y la capital, presentó una tesis que desafía la práctica judicial actual: el prevaricato es inaplicable para jueces y fiscales en Paraguay debido a obstáculos legales y constitucionales. Constitución y la Ley 323/55. Ledesma sostiene que el procesamiento de un magistrado por sus resoluciones choca directamente con el Artículo 255 de la Constitución Nacional, que otorga inmunidad a los jueces por sus decisiones judiciales. Sin embargo, el punto más controvertido de su análisis es la vigencia de la Ley 323 del año 1955, una norma de la época de la dictadura que, según el exmagistrado, sigue 100% vigente.

Esta ley especial establece una pena de hasta tres años de cárcel para quien indague o acuse a un magistrado por sus funciones. Para demostrar que no es una norma derogada, Ledesma citó el caso de Payo Cubas en 2016, quien fue imputado bajo esta ley, y recordó que la propia Corte Suprema de Justicia la mantiene en su sistema de leyes especiales vigentes. Bajo esta lógica, cualquier fiscal que impute a un juez por prevaricato estaría, técnicamente, cometiendo un delito. Para el exmagistrado, la “moda” de denunciar por prevaricato —que define como dictar resoluciones sin fundamento jurídico para beneficiar o perjudicar a una parte— está rompiendo el equilibrio de poderes.

Ledesma advierte que la fiscalía ha acumulado un poder desmedido y que la amenaza de imputación convierte a los “jueces valientes en jueces sobrevivientes”, quienes pierden su imparcialidad por temor a represalias del Ministerio Público. En este contexto, menciono casos de alto perfil, como las denuncias contra magistrados en el caso de Hernán Rivas, señalando que, bajo su interpretación técnica, dichas causas deberían ser archivadas por la existencia de este obstáculo legal. También abordó el avance de la tecnología con aplicaciones como “Doctor IA”, capaces de analizar si una resolución se ajusta a derecho.

Si bien reconoció la utilidad de estas herramientas para desnudar resoluciones “burdas”, Ledesma defendió la necesidad del factor humano. Argumentó que la justicia es evolutiva y depende de la “sana crítica” y el contexto social, algo que un algoritmo frío no puede procesar. “A la inteligencia artificial le falta sesgo y razonamiento”, afirmó, subrayando que criterios como la prescripción han cambiado a lo largo de los años no porque la ley cambie, sino porque evoluciona la óptica de los jueces. Finalmente, Ledesma hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que marque un “norte” claro y consolide criterios que den previsibilidad al sistema.

Ante el escenario de una justicia donde, según sus palabras, se imputa “por las dudas” causando graves daños morales y financieros a los ciudadanos, el debate sobre la inaplicabilidad del prevaricato se presenta como una cuestión fundamental para la seguridad jurídica del país.