En un esfuerzo por modernizar la legislación y fortalecer la protección de los menores, la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud del Senado avanza en una propuesta legislativa para reformar los artículos del Código Penal vinculados a la autonomía sexual y el estupro. Esta iniciativa busca subsanar un vacío jurídico crítico que actualmente deja vulnerables a los adolescentes de 16 y 17 años ante conductas abusivas de adultos. La mesa técnica, trabaja actualmente en la redacción de un proyecto que pretende penalizar de forma más rigurosa cualquier conducta sexual inapropiada de adultos hacia menores de edad.
La normativa vigente no contempla adecuadamente la franja etaria previa a la mayoría de edad en los casos de estupro, lo que genera una “laguna legal” que debe ser cerrada con urgencia. Uno de los avances más significativos de este equipo de trabajo es el cambio en la nomenclatura jurídica: se busca que los hechos dejen de tipificarse simplemente como “estupro” para pasar a denominarse como “cualquier tipo de conducta inapropiada de índole sexual con menores”, ampliando así el espectro de protección legal. La reforma no solo responde a una necesidad política, sino también a una demanda técnica de actualización criminológica.
Además, el debate en el Congreso ha puesto sobre la mesa la distinción entre libertad sexual (aplicable a adultos) e indemnidad sexual (el derecho de menores y personas con discapacidad a no sufrir daños en este ámbito), reforzando el papel del Estado como protector de quienes carecen de autonomía sexual plena por su edad. Este proyecto está dirigido estrictamente a agresores adultos. Para los adultos, el esquema de penas propuesto bajo este nuevo rigor jurídico incluye: Agresión sexual (tipo base): Hasta cinco años de prisión, Violación (acceso carnal): De cuatro a diez años de prisión, Agravantes: La pena podría elevarse de seis a quince años en casos donde la víctima sea menor de 18 años, existan relaciones de parentesco, se utilicen armas o el acto sea degradante.
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El proceso se encuentra actualmente en su fase de redacción final tras alcanzar el consenso técnico. Con esta reforma, el Congreso busca dotar al sistema judicial de herramientas modernas que eliminen la dispersión actual de las figuras delictivas y garanticen que ninguna agresión sexual contra menores quede impune por ambigüedades terminológicas.
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