El escándalo del “Paraíso Verde” y su impacto en la seguridad jurídica de Paraguay

Los abogados Marta Rabiolo y Guillermo Ferreira expusieron los detalles de lo que calificaron como una “fábula de terror”: el Proyecto Paraíso Verde. Este esquema, que captó millonarias inversiones extranjeras bajo la promesa de una vida idílica en el departamento de Caazapá, ha dejado un rastro de devastación económica y una profunda mancha en la imagen internacional del país. El proyecto cobró fuerza tras la pandemia del COVID-19, ofreciendo a ciudadanos europeos un “estilo de vida alternativo” libre de restricciones, en una supuesta ciudad con infraestructura de primer mundo, centros de salud y educación.

Sin embargo, la realidad denunciada es drásticamente distinta. Los lotes vendidos a precios exorbitantes (propios de barrios lujosos de Asunción) eran, en realidad, tierras agrícolas sin lotear ni servicios básicos, que terminaban bajo el agua tras las tormentas. Se promocionaba una producción de alimentos naturales y un centro de salud que nunca funcionaron. El impacto social y económico se agravó mediante un sistema de captación de capitales basado en el miedo a un “holocausto bancario” en Europa. Se convencía a los inversores de transferir sus ahorros directamente a las cuentas de la empresa Relhood SA.

Para asegurar estas inversiones, se utilizaban contratos de retroventa, un instrumento jurídico expresamente prohibido por el Código Civil Paraguayo. Además, se ofrecían intereses del 13% a dos años, operando bajo una estructura con componentes de esquema Ponzi, donde se sugería usar el dinero de nuevos inversores para devolver lo adeudado a los antiguos. El costo humano del proyecto es incalculable. Muchas víctimas son adultos mayores que vendieron todas sus pertenencias en Europa para retirarse en Paraguay y terminaron en la indigencia, dependiendo de la ayuda de sus hijos para sobrevivir.

Dentro del Paraíso Verde, los profesionales describieron un “régimen semipoliciaco” con guardias armados, espionaje de comunicaciones y un reglamento “draconiano” que impedía a los propietarios cuestionar a la administración bajo amenaza de expulsión de sus propias casas. Incluso se denunció la entrega de documentos de identidad y registros de conducir falsos a los extranjeros. Uno de los puntos más críticos señalados en la entrevista es el impacto en la reputación de Paraguay como destino de inversiones. Los afectados han difundido advertencias en Europa desaconsejando invertir en el país debido a la falta de seguridad jurídica.

Los abogados denunciaron una “típica inacción de la fiscalía”, señalando que las denuncias fueron cajoneadas o desestimadas sin investigación previa. Se mencionó específicamente la falta de diligencia de fiscales como el adjunto Rosetti, y cómo la demora institucional permitió que los principales responsables hoy se encuentren prófugos y que el dinero haya sido presuntamente desviado a paraísos fiscales como Chipre. Tras años de lucha y la intervención de un nuevo equipo fiscal liderado por la doctora Natalia Fuster y la fiscal Gladis Jiménez, se han logrado las primeras imputaciones por estafa, asociación criminal y lavado de dinero.

Aunque los líderes del proyecto han huido, los abogados sostienen que aún hay esperanza de reencausar el caso, ampliar las imputaciones a todo el directorio y buscar la repatriación de los fondos. Este caso queda como una advertencia sobre la necesidad de que las instituciones paraguayas no solo atraigan inversiones con beneficios fiscales, sino que garanticen un sistema judicial eficiente que proteja a quienes confían su patrimonio al país.