El Colegio de Abogados del Paraguay como baluarte histórico

Desde su fundación en 1942, el Colegio de Abogados del Paraguay (CAP) no ha sido simplemente una asociación gremial; ha sido el custodio de la civilidad en un país de instituciones frecuentemente frágiles. Al cruzar el umbral de su sede, el visitante es recibido por un mural de fotografías de expresidentes que narran ocho décadas de resistencia jurídica. Esta “reserva moral” cobra hoy una vigencia dramática. En la reciente radiografía del sistema judicial presentada por el Dr. Jorge Arturo Daniel Sae , actual presidente de la entidad, queda claro que el CAP se mantiene como el último dique frente a la arbitrariedad de los órganos extrapoderes nacidos en la era democrática.El “so what?” de esta lucha es existencial.

Ante la ausencia de una estructura gremial obligatoria que actúe como escudo, el profesional del derecho en Paraguay padece lo que el Dr. Daniel Sae califica crudamente como una “desnudez” ante el poder. En un escenario donde el abogado debería ser el brazo técnico del ciudadano, hoy se encuentra desamparado, operando en un sistema que ha dejado de ser un árbitro para convertirse en una amenaza latente. Para el abogado de pasillo, aquel que vive del litigio diario, la matrícula no es un cartón colgado en la pared; es su herramienta de trabajo y el pan de sus hijos.

Sin embargo, en el Paraguay actual, ejercer la abogacía es, en palabras del entrevistado, “dormir con el enemigo” . El Dr. Sae denuncia la perversión de un sistema donde la Corte Suprema de Justicia (CSJ) —el mismo ente ante el cual se litiga— tiene la potestad de “triturar” al profesional mediante sumarios administrativos que terminan en la suspensión o casación de la matrícula. Análisis de la vulnerabilidad sistémica y sus “Lagunas”, se traslada al Martirio del Sumario, la CSJ actúa como juez y parte, castigando al abogado para ocultar su propia incapacidad de resolver la mora judicial.

Entonces, nos preguntamos: ¿Qué sucede cuando a un abogado con 40 años de trayectoria le arrebatan su único medio de vida?. El Doctor Daniel Sae expone un vacío legal casi surrealista: ¿Puede un abogado con la matrícula casada volver a cursar toda la carrera desde el primer año para obtener una nueva habilitación? El hecho de que esta pregunta carezca de respuesta oficial revela la precariedad de un sistema que utiliza la sanción administrativa como un arma de control político y económico.Esta indefensión es el motor que impulsa el reclamo por una colegiación donde el control ético sea ejercido por pares y no por un poder estatal que busca culpables externos para sus propios fracasos.

La colegiación obligatoria es presentada por el CAP no como un privilegio corporativo, sino como el único camino hacia la seguridad jurídica . La tesis es simple: sin un abogado libre de coacciones, no hay ciudadano protegido. El Dr. Daniel Sae mira hacia la región para sustentar su reclamo. Cita a la Orden de Abogados de Brasil (OAB) como la organización civil más poderosa del continente, capaz de balancear el poder del Estado. De igual forma, rescata el modelo argentino, donde los propios profesionales que hace 30 años se oponían a la colegiación hoy admiten que fue “lo mejor que les pudo pasar”.

En el Congreso paraguayo, el proyecto del CONAP (apoyado por el CAP) se enfrenta a iniciativas de colegiación voluntaria que, para Daniel Sae, son insuficientes. Respaldado por los dictámenes constitucionales de los doctores Juan Carlos Mendonca y Emilio Camacho, Daniel Sae defiende la obligatoriedad como una necesidad pública. No obstante, lanza una advertencia vital sobre la gobernanza: el Colegio Público no debe caer en manos de la inexperiencia. Sae propone que la presidencia y cargos administrativos exijan de 30 a 40 años de ejercicio , evitando que la institución sea capturada por la política partidaria o por la “efervescencia” de quienes aún no conocen el barro de los tribunales.

El término “chicana” se ha convertido en el epíteto favorito del Poder Judicial para estigmatizar al abogado que ejerce su deber. El Dr. Daniel Sae desmonta esta narrativa con la precisión de un cirujano procesal, denunciando la “cartelización” de ciertos sectores judiciales que embretan al profesional.La Trampa del Sistema Judisof y las providencias dilatorias. En la etapa intermedia del proceso penal, el sistema Judisof permite y recibe escritos que los magistrados, por error o intención, tramitan de forma defectuosa.

Cuando un juez dicta una resolución que lesiona derechos constitucionales, el abogado tiene la obligación ética de impugnarla. Si no lo hace, consiente la injusticia. El sistema crea la brecha y luego castiga al abogado por saltar sobre ella. Aunque el Dr. Alberto Martínez Simón es reconocido como el “padre del expediente electrónico” (un avance que Sae celebra por la seguridad y confort que brinda), la tecnología no ha erradicado la mora. Los jueces siguen dictando providencias dilatorias que estancan los procesos, responsabilizando luego a los abogados de una parálisis que nace en el despacho del magistrado.

Ante un mercado inundado por cerca de 70,000 abogados, muchos de ellos egresados de “universidades de garaje”, el CAP ha decidido contraatacar con la excelencia. El reciente homenaje a tres figuras clave no fue un acto social, sino una declaración de principios frente a un sistema de votación en el Consejo de la Magistratura que otorga el mismo peso al voto de un “muchacho recién recibido” que al de un jurista con décadas de doctrina- Modelos de Trayectoria- Dr. Juan Carlos Mendonca y Dr. Daniel Mendonca: Referentes cuya consulta es obligatoria para entender la arquitectura constitucional del país -Dr.

Diego Moreno Rodríguez- El “joven” del grupo, cuya llegada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vista por el CAP como un triunfo de la formación académica rigurosa sobre la improvisación. La tecnología es el nuevo campo de batalla. El Dr. Daniel Sae utiliza una analogía rural para explicar el cambio de paradigma: la Inteligencia Artificial (IA) es el “tractor” del derecho . Aquel abogado que pretenda seguir arando a mano (con métodos analógicos) será irremediablemente desplazado por quien adopte la maquinaria digital.

La IA no sustituye la hermenéutica jurídica final . La máquina analiza el dato, pero el abogado es quien construye la estrategia y asume la responsabilidad ética del plan de acción. No usarla es una negligencia profesional; delegar en ella el criterio humano es un suicidio jurídico. La presidencia de Jorge Arturo Daniel Sae busca dejar un legado de institucionalidad que trascienda la coyuntura. Su visión es la de un Colegio Público de Abogados que recupere la soberanía sobre la matrícula, hoy secuestrada por un poder político-estatal que actúa como juez y verdugo.

Solo mediante una ley de colegiación obligatoria, que garantice la vigilancia por parte de veteranos con 30 o 40 años de ejercicio, se podrá frenar la politización y la degradación del foro. El objetivo es alcanzar una integración tecnológica y gremial a nivel Mercosur que devuelva al abogado su dignidad. En un sistema que intenta “triturar” al individuo, el Colegio de Abogados del Paraguay se reafirma como el único escudo posible para que la justicia deje de ser un martirio y vuelva a ser un acto de civilidad.