Magistrados de distintos puntos de la País desglosaron el rol de la Justicia de Paz como la primera puerta de acceso de los ciudadanos al sistema judicial. Entre la precariedad de recursos, la pandemia de violencia doméstica y las complejas dinámicas de frontera, los jueces exponen cómo la empatía y la proactividad superan la rigidez de los expedientes. La Dra. Montserrat Benítez, jueza de paz de Guayaibí (Departamento de San Pedro), describió los profundos desafíos de infraestructura que afectan a las comunidades alejadas de la capital.
Guayaibí es un distrito extenso y de rápido crecimiento, con unos 40,000 habitantes, donde las sedes de la Fiscalía o la Defensoría Pública quedan a más de 30 kilómetros de distancia. Esto convierte al juzgado de paz en el único y vital recurso judicial de proximidad. Sin embargo, al asumir su cargo, la Dra. se encontró con un juzgado que había estado vacante y bajo interinatos durante tres años, funcionando en condiciones de extrema precariedad, con apenas un equipo informático obsoleto. En el transcurso de nueve años de gestión, y con el apoyo del ministro superintendente de San Pedro, el Dr.
Manuel de Jesús Ramírez Candia, el juzgado logró dotarse de un local adecuado, herramientas tecnológicas modernas y un equipo de cuatro funcionarios calificados. Por su parte, la Dra. María Laura González Rolón aportó la perspectiva de la administración de justicia en zonas de alto flujo mercantil y diversidad cultural, al desempeñarse como jueza titular en Dr. Raúl Peña y, simultáneamente, interinar en Ciudad del Este. Con una sólida formación académica que incluye estudios de doctorado en la Universidad de Columbia, González Rolón enfatizó que la Justicia de Paz es la institución judicial más cercana a la realidad cruda de la sociedad.
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En Ciudad del Este, caracterizada por ser una metrópolis fronteriza multicultural, el principal flagelo que toca atender a diario es la violencia doméstica, un problema que los conductores y entrevistados catalogaron como una “pandemia social”, con un promedio de 123 denuncias diarias a nivel nacional. González Rolón también adelantó un avance crucial para la región: la próxima inauguración de una casa de acogida (albergue temporal) en el departamento de Alto Paraná por parte del Ministerio de la Mujer, la cual se convertirá en la segunda de su tipo en todo el país (sumándose a la de Villa Elisa) para resguardar a las víctimas en situaciones de extrema vulnerabilidad.
El testimonio del Dr. Julio Mareco Almada, juez de paz de Alberdi (Departamento de Ñeembucú) desde el año 2022, expuso los desafíos de soberanía y derecho de familia en los límites geopolíticos con Argentina. Alberdi, una pintoresca localidad que cuenta actualmente con unos 7,000 a 8,000 habitantes, se sitúa geográficamente frente a la imponente capital de Formosa, que alberga a más de 250,000 personas. Esta asimetría demográfica y de infraestructura genera una fuerte dependencia de la ciudadanía alberdeña respecto a los servicios de salud y educación argentinos, situación que quedó plenamente al descubierto durante el aislamiento por la pandemia de COVID-19.
Esta dinámica fronteriza da pie a una compleja problemática social y jurídica: el registro de nacimiento transfronterizo. Muchas madres paraguayas cruzan a dar a luz a Formosa para acceder a los subsidios, canastas de alimentos y asignaciones económicas estatales de Argentina, registrándose allí bajo el estado civil de solteras. Las complicaciones surgen cuando estas madres regresan a Paraguay e intentan reclamar una prestación alimentaria al padre biológico. Al tener el niño documentación únicamente argentina y no estar reconocido legalmente por el padre en el país de origen, el juzgado se topa con una severa traba legal.
Además, el alto costo de legalizar o apostillar dichos documentos extranjeros imposibilita a las madres de escasos recursos iniciar los juicios ordinarios de filiación. Ante esta encrucijada, el Dr. Mareco Almada defiende una justicia con rostro humano y proactiva. En lugar de rechazar el caso por incompetencia territorial o de documentación, el juez convoca de manera informal a las partes para entablar una mediación comunitaria. Mediante el diálogo, logra que los padres asuman de forma voluntaria aportes económicos para el sustento de sus hijos, garantizando de forma inmediata el derecho elemental a la alimentación de los menores.
Fiel a las 100 Reglas de Brasilia para la atención de personas en condición de vulnerabilidad, el Dr. Mareco no duda en abandonar el escritorio para constituirse físicamente en los hogares de ancianos o enfermos de la zona. Destacó que el uso del Guaraní (“idioma madre”) en estas visitas de campo resulta una herramienta de comunicación insustituible para generar confianza y diagnosticar necesidades de medicamentos o asistencia social, coordinando la ayuda de manera directa con la defensora pública local, la Dra. Celina Bernal.
La labor diaria expuesta por los tres magistrados demuestra que la Justicia de Paz en Paraguay está transitando de un modelo estrictamente formalista a uno de proactividad social y empatía comunitaria. A pesar de operar en zonas vulnerables, fronterizas o de gran densidad conflictiva, los jueces demuestran que la resolución efectiva de los problemas de fondo de la ciudadanía es más valiosa para recuperar la confianza pública en el Poder Judicial que la mera acumulación estadística de sentencias en papel.
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