En un giro decisivo para la política de derechos humanos en el país, el Poder Ejecutivo ha promulgado el Decreto N° 5.970, reglamentando finalmente la Ley N° 6202/2018. Esta medida no solo crea el Programa Nacional de Prevención y Atención Integral a víctimas de abuso sexual, sino que representa una decisión política de combate frontal contra uno de los crímenes más graves que afectan a la sociedad paraguaya. La importancia de este decreto radica, en gran medida, en el fin de una parálisis administrativa que duró ocho años.
Aunque la ley fue promulgada en 2018, su falta de reglamentación mantuvo al Estado con herramientas limitadas para intervenir de manera sistémica. El ministro de la Niñez, Walter Gutiérrez, destacó que esta respuesta llega para hacer que la atención sea mucho más efectiva y articulada, transformando una deuda social en una política operativa real. A pesar del tiempo transcurrido, el decreto nace con un potencial extraordinario, ya que se apoya en un “músculo fuerte” desarrollado previamente a través de la capacitación de 270.000 personas en todo el país y el uso de guías técnicas colaborativas entre organismos del Estado.
El decreto se fundamenta en el artículo 54 de la Constitución Nacional, que establece que los derechos del niño tienen carácter prevaleciente en caso de conflicto. Bajo esta premisa, la nueva normativa blinda a los menores bajo principios rectores innegociables: Prevalencia sobre la Tradición: El documento es categórico al establecer que ninguna costumbre, práctica cultural o creencia religiosa podrá ser invocada para justificar o tolerar actos de abuso sexual o violencia. Interés Superior y No Revictimización: Se prioriza el bienestar integral y se prohíben prácticas institucionales que generen daños adicionales a las víctimas.
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Reparación Integral: El Estado asume la obligación de no solo investigar, sino de restituir derechos y reparar daños a través del sistema de justicia, salud y apoyo psicológico. Aplicación y Visión Territorial: ¿Por qué debe primar hoy? La urgencia de que este decreto prime en la agenda pública se sustenta en una estadística alarmante: 9 de cada 10 casos de abuso infantil ocurren en el entorno cercano o de confianza de la víctima. Ante esta realidad, el decreto propone una aplicación que no se limita a las oficinas centrales, sino que tiene una fuerte bajada territorial.
El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), como ente rector, coordinará acciones con las áreas de Educación, Salud, Justicia y Seguridad. Las escuelas se posicionan como espacios estratégicos para la detección temprana, mientras que las gobernaciones, municipalidades y las CODENI serán los brazos ejecutores en cada comunidad. Además, se implementará una Plataforma Tecnológica Interinstitucional para el seguimiento en tiempo real de los casos, garantizando la trazabilidad y evitando que las víctimas se pierdan en el sistema burocrático.
Con campañas como #TodosSomosResponsables, el decreto busca involucrar a toda la sociedad en la desnaturalización del abuso, bajo la consigna de que el silencio hace cómplice al abusador.
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