La Mesa Interinstitucional para la Prevención y Combate a la Trata de Personas impulsado por la Oficina de Cooperación Española en Paraguay de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), contó con la participación de la doctora Silvia López Safi, directora de la Secretaría de Género del Poder Judicial, en donde la relevancia de este tipo de encuentros radica en la creación de un espacio propicio para la articulación entre las diversas entidades gubernamentales que la integran. La participación activa de la Corte Suprema de Justicia en estas mesas reafirma su compromiso institucional en la lucha contra este crimen, permitiendo una coordinación más efectiva para prevenir y combatir la trata a nivel nacional.
Además, la integración de la cooperación internacional y especialistas extranjeros fortalece la respuesta estatal mediante una visión global y multidisciplinaria. El intercambio de buenas prácticas fue uno de los ejes centrales de la convocatoria, en donde la cineasta y activista Mabel Lozano presentó el uso de documentales de alto impacto como una herramienta para denunciar la trata de mujeres y la explotación sexual, buscando generar conciencia y transformación social, asimismo la participación de expertas permitió a las entidades nacionales acceder a conocimientos especializados sobre el abordaje integral de la desigualdad y la explotación, a pesar de los esfuerzos de coordinación, el encuentro permitió identificar necesidades urgentes que deben ser cubiertas para garantizar una protección efectiva, en vista a que se detectó una situación de alta vulnerabilidad social en la región del Chaco, especialmente vinculada al desarrollo de la ruta bioceánica, ademas, existe una necesidad imperante de fortalecer la presencia del Estado en zonas remotas.
Se resaltó la falta de identificación de “puntos críticos” o áreas de riesgo específicas, lo cual tiene un impacto negativo directo en la protección de la niñez en dichas regiones, es fundamental desarrollar acciones de articulación que no se limiten a la capital, sino que lleguen a las zonas de mayor riesgo identificadas por organismos como ONU Mujeres. La reunión interinstitucional subraya que el combate a la trata de personas requiere no solo de voluntad política, sino de una identificación precisa de las carencias territoriales y la implementación de prácticas innovadoras de sensibilización.
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La cooperación continua entre el Poder Judicial, otras instituciones del Estado y organismos internacionales es el camino para cubrir las brechas de protección y asegurar una respuesta integral frente a este flagelo.
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