Hacia la justicia laboral: Paraguay avanza en la protección de los derechos de las trabajadoras del hogar

En el marco del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, conmemorado el 30 de marzo, el Ministerio de Trabajo pone bajo la lupa los derechos fundamentales de un sector que sostiene tanto los hogares como la economía nacional. Con más de 212.000 mujeres dedicadas a esta labor —lo que representa el 15% de la población femenina ocupada—, la formalización y la igualdad de derechos se han vuelto pilares esenciales para la justicia social en el país. Históricamente, el trabajo doméstico operaba bajo condiciones desiguales en comparación con otros sectores laborales.

Sin embargo, la ratificación del Convenio 189 de la OIT, junto con la Ley Nº 5407/2015 y sus modificaciones posteriores (Ley Nº 6338/19), han permitido avanzar decisivamente hacia la equiparación de derechos. Esta evolución legislativa busca que quienes realizan tareas de cuidado, limpieza y mantenimiento en hogares particulares gocen de las mismas protecciones que cualquier otro trabajador en relación de dependencia. Derechos Fundamentales y Formalización, varios derechos irrenunciables que garantizan la dignidad de estas trabajadoras.

Los trabajadores domésticos deben percibir el 100% del salario mínimo legal vigente (equivalente a G. 2.899.048 por 48 horas semanales para el periodo 2025/2026). Es obligatorio establecer un contrato por escrito que detalle las tareas, la jornada, la modalidad (con o sin retiro) y la remuneración. La afiliación al Seguro Social del IPS es obligatoria. Este seguro cubre contingencias vitales como accidentes, enfermedades, maternidad, invalidez y vejez. Se establecen límites claros de 8 horas diarias para jornadas diurnas y se garantiza el derecho a descansos intermedios, semanales y vacaciones anuales remuneradas según la antigüedad.

El derecho al aguinaldo y a la bonificación familiar (5% por cada hijo menor de 17 años) son fundamentales para el bienestar de la familia de la trabajadora. La importancia de estos derechos radica en su capacidad para prevenir abusos y fomentar un entorno de respeto. Las leyes actuales protegen la maternidad y lactancia, declarando nulo cualquier despido durante este periodo. Asimismo, se han habilitado canales específicos para denunciar y prevenir la violencia laboral (física, psicológica o sexual), asegurando asesoramiento legal gratuito a través del Ministerio de Trabajo.

La formalización no es solo un trámite administrativo; es el reconocimiento de que el trabajo doméstico es el motor invisible de la economía. Al asegurar contratos escritos, salarios dignos y protección social, nuestro País no solo cumple con estándares internacionales, sino que reafirma su compromiso con la igualdad de oportunidades y la dignidad humana para las más de 200.000 protagonistas de este sector.