Paraguay se encuentra en un punto de inflexión respecto a su sistema de justicia penal juvenil. Tras un prolongado proceso legislativo, la Cámara de Diputados ha sancionado una reforma clave que busca responder al clamor social por justicia y a la creciente complejidad del crimen en el país.
El proyecto fue presentado originalmente el 5 de junio de 2025 por el senador José Daniel Oviedo Antúnez. La propuesta nació de la necesidad de ajustar el sistema penal a la “realidad actual de los hechos”, donde adolescentes cometen crímenes con extrema violencia y premeditación.
El debate central giró en torno al tope máximo de las penas. Mientras que el Senado pretendía elevar el límite a 15 años de privación de libertad, la Cámara de Diputados se mantuvo firme en una versión de 10 años. El 16 de junio de 2026, la Cámara se ratificó en su versión original de 10 años como tope máximo para hechos extremadamente graves, y el proyecto de ley sancionado fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.
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La reforma no es solo un cambio numérico en los años de condena —pasando del máximo actual de 8 años a 10 años—, sino que responde a una necesidad estructural y social. La discusión cobró relevancia tras el brutal crimen de María Fernanda (Mafe), una joven embarazada que fue hallada sin vida en mayo de 2025. El principal imputado es un adolescente de 17 años, lo que evidenció que el límite anterior de 8 años resultaba insuficiente para la gravedad de ciertos hechos.
Asimismo, se ha detectado que estructuras delictivas utilizan a menores de edad para ejecutar delitos graves, aprovechando las sanciones reducidas que ofrece la legislación actual. El endurecimiento busca ser una herramienta de disuasión y protección contra la instrumentalización de adolescentes por el crimen organizado.
La diputada Dalia Estigarribia destacó que, aunque se busca una respuesta firme, no se olvida que el objetivo de la justicia juvenil debe incluir la educación, el acompañamiento y la evaluación para evitar la reincidencia. El proyecto incorpora la evaluación pericial obligatoria para determinar la capacidad de discernimiento del menor y propone un sistema mixto que combine sanciones proporcionales con programas de rehabilitación.
Los proponentes argumentan que esta modificación se ajusta al Artículo 20 de la Constitución sobre el objeto de las penas y respeta los tratados internacionales, como el Pacto de San José de Costa Rica, al mantener el enfoque en la readaptación y la separación de menores y adultos. La reforma del Artículo 207 representa un intento del Estado paraguayo por actualizar una normativa que se percibía como desfasada frente a la extrema violencia de ciertos crímenes cometidos por menores, buscando proteger a la sociedad sin renunciar a los principios de protección integral de la adolescencia.
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