El Informe de Gestión 2025 de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), presentado por su presidente, el doctor César M. Diesel, constituye un ejercicio integral de rendición de cuentas y transparencia sobre el funcionamiento del Poder Judicial durante el último año,
se presentan el resumen y los destaques esenciales de la gestión institucional:
Ejes Estratégicos y Planificación
Plan Estratégico Institucional (PEI): La gestión 2025 concluyó bajo los lineamientos del PEI 2021-2025, logrando la ejecución de proyectos prioritarios y el cumplimiento de objetivos en áreas clave. PEI 2026-2030: Se aprobó la nueva hoja de ruta para el próximo quinquenio, la cual define seis objetivos estratégicos y 39 acciones prioritarias, enfocándose en la transformación digital, el fortalecimiento del capital humano y la incorporación de inteligencia artificial.
Transformación Digital y Modernización
Expediente Judicial Electrónico: Se consolidó la expansión de la tramitación electrónica en todas las circunscripciones del país, facilitando el seguimiento de causas y reduciendo tiempos de respuesta. Se registraron más de 6,6 millones de actuaciones electrónicas. Registro Unificado Nacional (RUN): Se avanzó en la implementación de la Ley N.º 7424/2025 para unificar los Registros Públicos, Catastro y Agrimensura bajo la jurisdicción de la CSJ, buscando mayor seguridad jurídica e integración de datos inmobiliarios. Innovación en Servicios: Se presentó el nuevo Sistema de Gestión de Partes, que unifica la visualización de casos para profesionales del derecho, y se implementó el sistema de pagos electrónicos (STEF) para beneficiarios de juicios.
Integridad y Control Institucional
Lucha contra la “Mafia de los Pagarés”: En respuesta a denuncias sobre irregularidades en juicios ejecutivos, la Corte auditó 11.535 expedientes y depuró más de 23.000 causas, levantando más de 4.300 embargos indebidos. Supervisión Disciplinaria: La Superintendencia General de Justicia concluyó 1.196 sumarios administrativos, superando en un 171% la meta anual establecida, con el fin de sancionar conductas irregulares y preservar la ética judicial.
Acceso a la Justicia y Derechos Humanos
Hito Internacional: Paraguay fue sede del 180º Período Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), siendo la primera vez que este organismo sesionó en territorio paraguayo. Protección a Vulnerables: Se habilitaron espacios amigables para niños, niñas y adolescentes en sedes judiciales y se fortalecieron los programas dirigidos a comunidades indígenas y personas en situación de pobreza. Tobilleras Electrónicas: Se dispuso la aplicación nacional del sistema de dispositivos electrónicos de control como mecanismo de supervisión y protección en procesos judiciales. Memoria Histórica: Se habilitó un repositorio digital con más de un millón de documentos vinculados a la Operación Cóndor para garantizar el acceso público a archivos históricos de valor probatorio.
Gestión Jurisdiccional y Estadística
Producción Judicial: Entre enero y octubre de 2025, se dictaron 567.842 resoluciones en todo el país, de las cuales 234.366 fueron conclusivas. Delitos más Frecuentes: Los hechos punibles con mayor ingreso fueron la violencia familiar (4.625 causas), el hurto agravado (3.156) y el incumplimiento del deber legal alimentario (2.963). Resolución Alternativa de Conflictos: La Dirección de Mediación logró 6.969 acuerdos judiciales y extrajudiciales, optimizando la celeridad del sistema.
Infraestructura y Presupuesto
Descentralización: Se inauguraron nuevas sedes, como los Juzgados de Paz de Villalbín y Minga Porâ, y se registraron avances significativos en la construcción del Palacio de Justicia de Filadelfia. Finanzas: Al mes de octubre, se ejecutó el 68% del presupuesto vigente y se registró un aumento del 22,11% en la recaudación institucional en comparación con el año anterior. Para el 2026, la CSJ solicitó una ampliación presupuestaria del 34% para sostener la modernización y la expansión de infraestructura. En resumen, la gestión 2025 destaca por una digitalización agresiva de los procesos, una respuesta institucional firme ante esquemas de corrupción procesal y un compromiso reforzado con los estándares internacionales de derechos humanos.
