La segunda jornada realizada en la ciudad de Asunción reunió a destacados referentes de los ámbitos judicial, académico y criminológico para debatir soluciones a la problemática del encierro y el acceso a la justicia. Este encuentro, impulsado por el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) con el apoyo de la Unión Europea, tuvo como propósito abrir un espacio de discusión plural y sustentado en información para construir propuestas de políticas públicas sostenibles. La relevancia de esta actividad radica en su enfoque sobre los efectos directos que la prisión preventiva y la sobrepoblación —con unos 20.300 reclusos en el sistema paraguayo— tienen sobre la seguridad pública y los derechos de las personas privadas de libertad.
El eje central de la jornada fue la ponencia de la doctora María Carolina Llanes, ministra de la Corte Suprema de Justicia, integrante de la Sala Penal y enlace de la Oficina Técnica Penal (OTP). Bajo el título “Construyendo una política judicial para el uso racional de la prisión preventiva”, la ministra integró el primer panel junto al doctor en derecho y especialista argentino Alberto Binder, bajo la moderación de María Victoria Rivas. Durante su disertación, la ministra Llanes remarcó que, a pesar de casi tres décadas de reformas judiciales, el país sigue enfrentando un uso excesivo de la prisión preventiva, la cual afecta aproximadamente al 60% de las personas privadas de libertad.
En este sentido, Llanes enfatizó que el principal desafío del sistema de justicia es el cumplimiento efectivo del marco normativo vigente. Recordó que tanto la Constitución como el Código Procesal Penal establecen el carácter excepcional de la prisión preventiva, definiendo que la finalidad de la cárcel es la protección social y la posterior reinserción de los condenados. Un punto crítico señalado por la ministra fue la necesidad de que los magistrados decidan con estricto apego a la ley y sin dejarse condicionar por las presiones de las redes sociales o la opinión pública.
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Asimismo, para reducir el uso desmedido de esta medida cautelar de forma sostenible, abogó por el diseño de una política criminal estatal e integral que trascienda los gobiernos de turno, apoyada en una sólida coordinación interinstitucional. La ministra también rescató ciertas buenas prácticas impulsadas desde el Poder Judicial, tales como la revisión periódica de las órdenes de prisión preventiva, la depuración de causas en el penal de mujeres del Buen Pastor y la implementación de audiencias telemáticas, si bien reconoció que estas últimas aún no se aplican de manera masiva.
La jornada también abordó la compleja realidad que enfrentan los centros de reclusión, expuesta en el panel “Las cárceles como plataformas delictivas”. Se debatió cómo las prisiones se ven afectadas por la gobernanza de organizaciones del crimen organizado. Sobre este punto, el criminólogo Juan Martens expuso la realidad de las cárceles locales como una “cárcel mercado”. Explicó que las personas privadas de libertad deben pagar precios abusivos por servicios básicos —desde medicamentos y camas hasta el simple hecho de atravesar un portón—, lo que incrementa la presión sobre un sistema penitenciario altamente tensionado.
Por su parte, el sociólogo brasileño Rafael Godoi aportó una mirada regional que vincula directamente el endurecimiento de las políticas penales y el aumento del encarcelamiento con la expansión de las redes criminales dentro de los establecimientos penitenciarios.
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