En un paso sin precedentes hacia la modernización estatal, se encuentra elaborando su primer Anuario Estadístico del sistema penitenciario, liderada por el Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística (INE), donde busca transformar la realidad carcelaria mediante la generación de datos precisos, transparentes e inclusivos.
La implementación de este anuario responde a la necesidad de optimizar los procesos judiciales de las personas privadas de libertad (PPL) a través de una mejor clasificación y codificación de los delitos. Este fortalecimiento estadístico permitirá al sistema judicial operar con mayor celeridad, reduciendo el margen de error y potenciando la sistematización de datos mediante el nuevo modelo de gestión penitenciaria. Además, el proceso incluye la capacitación de funcionarios en producción estadística y la implementación de la Herramienta de Evaluación de Datos Abiertos (HEDA), asegurando que la información sea accesible y cumpla con los estándares internacionales exigidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El anuario no solo es una herramienta técnica, sino un pilar para la humanización de las cárceles.
Al proporcionar mediciones precisas sobre la población penitenciaria —incluyendo datos sobre salud, educación y grupos vulnerables—, el Estado puede diseñar políticas públicas más eficaces que garanticen el respeto a los derechos humanos y brinden mayores oportunidades de reinserción social efectiva. Históricamente, Paraguay ha enfrentado desafíos como el hacinamiento y una alta tasa de personas procesadas sin condena.
La disponibilidad de estadísticas exactas permitirá, monitorear condiciones críticas, dando seguimiento de casos de salud (Tuberculosis, VIH, Sífilis) y atención a grupos vulnerables como adultos mayores, indígenas y población LGTBIQ+, evaluar programas de reinserción, midiendo el impacto de los programas educativos y laborales, que ya benefician a un porcentaje significativo de la población interna, facilitar el acceso a la información pública para que la sociedad civil pueda auditar la gestión y colaborar en la reducción de la corrupción.
La cooperación con universidades y organismos internacionales como la UNODC refuerza este compromiso de basar la política criminal en datos científicos y estadísticos para lograr una justicia más cercana a la ciudadanía. Este avance representa un “salto de calidad” institucional que posiciona a Paraguay como un referente regional en la búsqueda de un sistema penitenciario más justo, eficiente y respetuoso de la dignidad humana.
