En un esfuerzo por consolidar un Estado de Derecho más robusto, la ministra de la Corte Suprema de Justicia, Carolina Llanes, ha destacado los significativos avances y los retos estratégicos que enfrenta el sistema penal paraguayo. Durante su participación en el Congreso Jurídico Internacional “UNICAN – UEL” en Saltos del Guairá, la magistrada trazó una hoja de ruta centrada en la transparencia, la eficiencia y el respeto irrestricto a las garantías procesales.
El impacto más significativo de las declaraciones de la ministra Carolina Llanes es el enfoque en la protección de las garantías procesales frente a la búsqueda de eficacia punitiva. Se destacan tres ejes fundamentales: Presunción de Inocencia y Libertad Ambulatoria: Advierte de manera crítica sobre el uso excesivo de la prisión preventiva. Este fenómeno es identificado como una distorsión que afecta directamente el derecho fundamental a la libertad antes de una condena firme.
Derecho a un Juicio Justo y Debido Proceso: Resalto la consolidación del juicio oral y público y el rol del Ministerio Público como piezas clave para evitar la arbitrariedad. Integridad del Sistema Judicial frente al Lawfare: Hizo énfasis sobre la manipulación del sistema judicial (lawfare), la cual subraya la importancia de proteger la justicia de influencias externas que puedan desvirtuar su fin último: la búsqueda de la verdad y la equidad. El país ha logrado avances sustanciales que generan un impacto positivo en su reputación internacional, apuntando a la Evaluación de GAFILAT, el cual se valora el resultado favorable obtenido ante este organismo, lo cual es consecuencia directa de la implementación del Plan Estratégico Nacional contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, sumado a ello el paquete de leyes aprobado en 2019 es presentado como la herramienta principal para combatir la criminalidad compleja y transnacional, demostrando la capacidad del Estado para actualizar sus normas ante nuevas amenazas, y por último, subrayo que el impacto de estas reformas solo será completo si se logra consolidar una justicia penal especializada en delitos económicos y crimen organizado. Esto implica un compromiso con la formación técnica de magistrados y funcionarios para enfrentar desafíos contemporáneos, como el impacto de la inteligencia artificial y la desinformación en los procesos democráticos y judiciales.
Al destacar la tensión entre la eficiencia del sistema y el respeto a los derechos humanos, se promueve un debate público esencial para el fortalecimiento de la democracia, asegurando que el combate al crimen no se realice a expensas de los derechos fundamentales de la población.
