El impacto y las preocupaciones centrales de la familia judicial (magistrados, fiscales y defensores públicos) respecto al proyecto de reforma de la Caja Fiscal ante un nuevo proyecto de ley. La falta de transparencia y diálogo por parte del Ministerio de Economía, señalando que el sector judicial históricamente ha generado un superávit que fue utilizado para cubrir déficits de otros gremios. La reforma actual impone condiciones gravosas, como el aumento de aportes al 19% y la extensión de la edad jubilatoria, sin presentar informes actuariales serios ni planes de inversión. Advierten que estos cambios podrían provocar una estampida de jubilaciones anticipadas, debilitando aún más el sistema de justicia. Los funcionarios judiciales pasarían de aportar un 16% a un 19% de forma inmediata al ser catalogados como un sector deficitario. Aunque el Ministerio de Economía reporta déficits del -3% y -5% para 2024 y 2025, la familia judicial sostiene que poseen un superávit histórico de más de 400.000 millones de guaraníes (unos 54 millones de dólares). Los excedentes generados por el Poder Judicial fueron utilizados históricamente para cubrir las pérdidas de otros sectores (como docentes, militares y policías), dejándolos ahora sin reservas legales para enfrentar sus propios cambios demográficos. El proyecto de ley (Artículo 11) impediría a los funcionarios retirar sus aportes si no cumplen con los requisitos de jubilación, lo cual es calificado como una “apropiación” de fondos. La incertidumbre sobre el cambio de las “reglas de juego” ya provocó que muchos magistrados y defensores con los requisitos mínimos (50 años de edad y 24 de servicio) optaran por jubilarse masivamente. Se teme una segunda estampida de operadores del sistema (jueces y fiscales) antes de que la ley entre en vigencia en enero del próximo año, lo que debilitaría la estructura del servicio de justicia. Al disminuir abruptamente el número de activos y aumentar el de jubilados, el déficit del sector se agrava temporalmente hasta que se llenen las vacancias. El proyecto busca reducir el porcentaje del haber jubilatorio final. Por ejemplo, un magistrado que hoy podría retirarse con el 88% de su salario bajo el régimen actual, se vería obligado a trabajar 5 años más para recibir solo un 70%, o hasta 12 años más (62 años de edad) para alcanzar un 85%.
La ley no contempla un principio de gradualidad para quienes están cerca de cumplir los requisitos, obligándolos a soportar todo el peso de la reforma de manera súbita. Los gremios judiciales denuncian haber sido excluidos de las mesas de debate iniciales y critican la falta de un informe actuarial serio y rendición de cuentas sobre el destino de sus aportes anteriores. Se critica que se aplique el mismo rigor a la justicia (con déficit del 6%) que a otros sectores con déficits de hasta el 210% (fuerzas no civiles) o 174% (magisterio nacional). Consideran que la ley, tal como tiene media sanción, representa una solución “parche” que no ataca el problema de fondo y pone en riesgo la dignidad de la tercera edad de los servidores públicos de justicia. Sostienen que no se puede jugar con un derecho humano fundamental de la noche a la mañana. La falta de gradualidad ignora que las leyes no deberían ser retroactivas y que los funcionarios han planificado su futuro basándose en un sistema de confianza que ahora se ve alterado unilateralmente.
