El ministro de la Corte Suprema de Justicia, doctor Alberto Martínez Simón, presentó un informe ante el pleno de la corte el día miércoles 03 de diciembre del 2025, en la cual detalla las Acciones Adoptadas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en respuesta a las graves irregularidades conocidas como la “mafia de los pagarés”, enfocándose en la gestión disciplinaria, administrativa y jurisdiccional.
Depuración masiva de expedientes
Los ejes principales refieren a la Depuración Masiva y Saneamiento de Expedientes, dicha acción es la más significativa por que fue la implementación de la Acordada N.º 1800/2025, que estableció un “Protocolo de Actuación para la depuración de los Juicios ejecutivos y de cobro de sumas de dinero”.
Hasta el 10 de octubre de 2025, el resultado fue un total de 23.065 juicios sacados del sistema o con levantamiento de embargos. Específicamente, se logró el levantamiento de medidas cautelares sobre salarios en 4.324 casos.
El protocolo faculta a los juzgados a detectar y declarar de oficio la nulidad de actos procesales por graves vicios de procedimiento, tales como la falta de sello de cargo en la demanda, sorteos falsificados o no registrados, o la ausencia del título base original de la ejecución. Se declararon 496 nulidades de oficio por irregularidades.
Auditorías, sumarios y sanciones disciplinarias
La CSJ ordenó auditorías de reacción inmediata en múltiples Juzgados de Paz de Capital y Central y activó procesos disciplinarios.
El Consejo de Superintendencia instruyó sumarios administrativos a un total de 195 personas. Esta cifra incluye 10 Magistrados, 21 Actuarios Judiciales, 18 Ujieres Notificadores, 118 Oficiales de Justicia, 25 Abogados y 3 Funcionarios Administrativos.
Se dispuso la suspensión preventiva sin goce de salario de varios jueces de paz (incluyendo los de La Encarnación, San, La Recoleta y La Catedral). Además, una magistrada (Nathalia Guadalupe S. Garcete Aquino) fue destituida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (J.E.M.). Se suspendieron preventivamente a numerosos actuarios, ujieres y oficiales de justicia.
También se ordenó una auditoría de la Dirección de Estadística Judicial para investigar el registro y archivo de las actuaciones remitidas por los juzgados de paz.
Proyectos de ley para enfrentar causas sistémicas
Para abordar las causas sistémicas y prevenir futuras irregularidades, la CSJ presentó tres anteproyectos de ley al Congreso Nacional:
Ley N° 7526: Creación de Juzgados de Paz en varios distritos (como San Roque, La Catedral, La Encarnación, Luque, San Lorenzo) sin afectación presupuestaria, con el objetivo de descongestionar el sistema.
Régimen de Depósito Judicial de Títulos de Crédito: Proyecto para establecer el depósito de documentos originales en procesos civiles, formalizando la base de las ejecuciones.
Suspensión Provisoria de Embargos: Proyecto que autoriza a los Juzgados de Paz a ordenar la suspensión provisoria de medidas cautelares sobre sueldos, salarios y otros emolumentos personales.
Digitalización, acceso a la información y denuncias ciudadanas
Se implementaron herramientas digitales para garantizar el acceso a la información y facilitar las denuncias, como el Usuario Parte (Acordada N.º 1798/25): Creación de un usuario único para los particulares, lo que les permite acceder directamente a su Portal de Gestión de Expedientes Electrónicos y tener información de primera mano sobre el desarrollo de los juicios electrónicos.
Portal Digital de Denuncias (Acordada N.º 1802/2025), habilitación de una plataforma web institucional que permite la presentación telemática de denuncias sobre supuestas irregularidades en la tramitación de juicios ante la Oficina de Quejas y Denuncias.
Digitalización de Juzgados: Se avanza en la implementación total del sistema de gestión electrónica en los Juzgados de Paz para contrarrestar prácticas irregulares. Hasta el momento del informe, 117 de 309 Juzgados de Paz del país (38%) ya contaban con la herramienta digital.
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