La expansión y el uso de las tobilleras electrónicas, ordenada por la Corte Suprema de Justicia a nivel nacional y para cualquier tipo de delito, se presenta con varios beneficios y objetivos positivos:
• Reducción del hacinamiento penitenciario: Uno de los principales propósitos es evitar el encarcelamiento preventivo innecesario y aliviar la sobrepoblación en las cárceles. Se estima que un uso masivo de estos dispositivos podría liberar el equivalente a dos prisiones.
• Optimización de la gestión del sistema judicial: Permiten optimizar el control de las medidas alternativas a la prisión preventiva y otras disposiciones jurisdiccionales. Esta implementación tecnológica es parte de una política gubernamental para mejorar la eficiencia judicial.
• Garantía de seguridad y respuesta judicial: Las tobilleras permiten la geolocalización en tiempo real y generan alertas inmediatas, lo que facilita el control efectivo de los procesados y ofrece garantías para la seguridad de las personas, abordando el temor de la sociedad. La decisión busca una respuesta judicial que contemple criterios de proporcionalidad y reintegración social.
• Flexibilidad y ampliación de su aplicación: La aprobación extiende el uso de las tobilleras a todos los hechos punibles y en cualquier etapa del proceso penal (garantías, sentencia o ejecución). Inicialmente, su uso estaba limitado a la capital (Asunción) y a casos específicos como violencia intrafamiliar o delitos económicos. Esta ampliación permite que personas procesadas por otros delitos puedan acceder al dispositivo.
• Separación de procesados y condenados: Facilita que el sistema pueda separar a procesados de condenados en los centros de reclusión, lo que contribuye a una mejor gestión de la población carcelaria.
• Prevención de delitos: Casos como el asesinato de Melania Monserrat han puesto de manifiesto que el uso de una tobillera pudo haber evitado el crimen, subrayando su potencial para la prevención. Un incidente previo también sugirió que una tobillera habría permitido una reacción rápida y control efectivo.
• Costo-efectividad: Aunque el contrato vigente con la empresa proveedora contempla hasta 1.000 dispositivos, el Estado solo paga por las tobilleras que están en uso, lo que implica una gestión de recursos más eficiente. • Coordinación interinstitucional: La implementación y expansión es resultado de un trabajo coordinado entre diversas instituciones del sistema de justicia, incluyendo la Corte Suprema, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Defensa Pública, y los Ministerios de la Mujer, y de la Niñez y Adolescencia. La decisión de ampliar el uso de las tobilleras fue impulsada por la mayor disponibilidad de dispositivos (pasando de 20 a 100 en abril, con un contrato para hasta 1.000 unidades) y a petición de la Policía Nacional y el SIMDEC. Esta medida busca ser una herramienta eficaz para el Poder Judicial, permitiendo a los jueces de ejecución penal y de garantías ofrecer esta opción según su criterio.
