Respuesta de Paraguay a la Corte IDH: El Poder Judicial implementa el Sistema de Oficio Electrónico para garantizar celeridad judicial

En el marco del cumplimiento de la sentencia dictada en el caso “Córdoba vs. Paraguay” por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.


Acciones de cumplimiento del Estado Paraguayo

En el marco del cumplimiento de la sentencia dictada en el caso Córdoba vs. Paraguay, la Corte Suprema de Justicia puso en marcha, el 6 de octubre de 2025, el Sistema de Oficio Judicial Electrónico.

Este sistema interconecta a los juzgados de todo el país con el Departamento de Búsqueda de la Policía Nacional, y su implementación está diseñada para agilizar la tramitación de medidas judiciales, garantizando celeridad, eficacia y seguridad jurídica.

El Estado ha respondido parcialmente a las reparaciones mediante la puesta en marcha de esta herramienta tecnológica, que busca corregir la falta de celeridad y facilitar la coordinación con la Policía Nacional en las labores de búsqueda y cumplimiento judicial.

El caso solo se dará por concluido una vez que el Estado paraguayo dé cabal cumplimiento a la totalidad de las medidas ordenadas.

Con esta medida, el Poder Judicial de Paraguay reafirma su compromiso con el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos, promoviendo un servicio de justicia más eficiente y confiable.


Antecedentes del caso Córdoba vs. Paraguay

Cabe recordar que el 4 de septiembre de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia mediante la cual declaró responsable a la República del Paraguay por la violación de los derechos a la integridad personal (Art. 5.1), vida privada y familiar (Art. 11.2), familia (Art. 17) y cumplimiento de las decisiones judiciales (Art. 25.2.c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento.

En conclusión, el caso Córdoba vs. Paraguay resultó en una declaración de responsabilidad internacional contra el Estado paraguayo por deficiencias estructurales en la protección y restitución de menores y en el acceso a la justicia.

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