La Corte Suprema de Justicia lidera un proceso sin precedentes en defensa de la ciudadanía
El proceso de saneamiento judicial impulsado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la aplicación rigurosa de la Acordada N° 1800/2025 marcan un hito histórico en la lucha contra la corrupción y la restitución de derechos vulnerados por la denominada “mafia de los pagarés”.
Esta iniciativa fortalece principios esenciales del Estado de Derecho y derechos fundamentales de miles de ciudadanos que fueron víctimas de juicios ejecutivos fraudulentos, especialmente en lo relativo a la protección del salario, la jubilación y los medios de vida.
Protección patrimonial y levantamiento masivo de embargos ilegales
El derecho a la protección del salario y los medios de vida —también conocido como protección patrimonial— es el más directamente restituido por esta acción.
La red delictiva desarticulada se dedicaba a obtener embargos indebidos sobre sueldos y haberes jubilatorios mediante procesos judiciales simulados o manipulados.
El Poder Judicial dispuso el levantamiento inmediato de las medidas de embargo que afectaban a miles de personas en todo el país. Según los informes presentados, se decretó el levantamiento de medidas cautelares en 4.324 expedientes (2.700 en el Departamento Central y 1.624 en Capital).
Esta decisión protege directamente los medios de vida de los ciudadanos, liberándolos de deudas originadas en procesos irregulares y de descuentos ilegales aplicados sobre salarios y jubilaciones.
Depuración institucional y justicia efectiva
Con esta medida, la CSJ reafirma su compromiso de depurar el sistema judicial y restituir los derechos de las víctimas de maniobras fraudulentas.
El proceso de saneamiento también busca mejorar la calidad de la Justicia de Paz, garantizando una administración más dinámica, transparente y al servicio de la ciudadanía.
Este operativo de revisión masiva constituye un precedente histórico en la protección de los ciudadanos frente al abuso de los mecanismos judiciales.
Corrección de irregularidades procesales
Durante la revisión, se identificaron y corrigieron graves vicios procesales, como la simulación de notificaciones, la falsificación de informes judiciales y la utilización indebida de poderes o documentos falsos.
En 496 procesos, se declaró la nulidad de oficio conforme al artículo 113 del Código Procesal Civil, reconociendo la invalidez de los actos procesales irregulares y asegurando la correcta aplicación de la ley.
Intervención del Ministerio de la Defensa Pública
El control ejercido por la Corte también incluyó la intervención del Ministerio de la Defensa Pública, que asumió la representación de los demandados en 386 procesos ejecutivos, fortaleciendo el derecho a una defensa técnica y adecuada.
Reafirmación del compromiso judicial
Al actuar de oficio y transparentar los resultados del saneamiento, la Corte Suprema de Justicia consolida su compromiso con la justicia efectiva, la equidad y la confianza ciudadana.
Este proceso no solo repara daños, sino que marca un antes y un después en la historia del Poder Judicial paraguayo, al demostrar que la justicia puede corregir sus propios errores y responder al mandato constitucional de proteger a los más vulnerables.
