En un encuentro clave entre la Corte Suprema de Justicia y la Comisión Permanente del Congreso Nacional, se rindió cuentas sobre el saneamiento de más de 35.000 expedientes irregulares, mientras que el Senado advirtió que no se tolerarán más dilaciones burocráticas ante el “vaciado de sueldos” de los ciudadanos.
El pasado martes 10 de febrero de 2026, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), encabezada por su presidente, el Dr. César Diesel, compareció ante la Comisión Permanente del Congreso Nacional para detallar las acciones emprendidas contra el esquema criminal conocido como la “mafia de los pagarés”. Durante la reunión, presidida por el senador Colym Soroka, se presentó un informe consolidado que revela la magnitud del abuso procesal detectado en los juzgados de paz y civiles del país.
El informe institucional destaca que, bajo la implementación de la Acordada N° 1800/2025, se han logrado retirar del sistema judicial un total de 35.608 juicios irregulares. Entre los hitos más relevantes para la protección del ciudadano, la Corte confirmó el levantamiento de 8.640 embargos sobre salarios en las zonas de Capital y Central, devolviendo la libre disponibilidad de sus haberes a miles de trabajadores que eran víctimas de extorsión mediante documentos adulterados.
Además, el proceso de depuración arrojó la finalización de 14.810 juicios ejecutivos y la declaración de caducidad en otras 10.530 causas. La Corte también ha declarado la nulidad de oficio en 764 casos donde se detectaron vicios graves, como la falta de títulos de deuda originales o la falsificación de registros de entrada.
La ofensiva judicial no solo se limitó a los expedientes, sino que alcanzó a la estructura administrativa y jurisdiccional: son como 200 procesados según el informe presentado, entre ellos, de 10 jueces sumariados, uno ya ha sido destituido, cuatro presentaron su renuncia y dos permanecen suspendidos preventivamente. El grupo más afectado es el de los oficiales de justicia, con 122 sumariados. De este total, 11 han sufrido la casación de su matrícula (prohibición definitiva de ejercer) y 16 están bajo suspensión preventiva. En cuanto a los funcionarios y abogados, se registran sumarios activos contra 22 actuarios judiciales, 19 ujieres notificadores y 28 abogados, incluyendo procesos por prevaricato y estafa.
A pesar de la apertura de la Corte, el senador Colym Soroka fue tajante al solicitar que la justicia actúe con “mayor celeridad”, señalando que el ciudadano común no puede quedar a merced de los tiempos eternos de la burocracia mientras su economía familiar es vulnerada. Como respuesta estructural, la Corte impulsa tres reformas legislativas clave: la Ley N° 7526 para la creación de nuevos Juzgados de Paz, un régimen de Depósito Judicial de Títulos de Crédito para custodiar los pagarés originales y una ley que faculte a los jueces a suspender provisionalmente embargos de sueldos ante sospechas de irregularidad. Finalmente, la CSJ reafirmó su compromiso con la transparencia, poniendo el informe completo a disposición del público y avanzando en la digitalización del 42% de los Juzgados de Paz del país para garantizar la trazabilidad de cada proceso.
