La Corte Suprema de Justicia decidió no confirmar en el cargo al juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral del segundo turno de San Estanislao, Esteban Ramón Vázquez Gallardo, tras una serie de acusaciones que apuntan a irregularidades graves en el ejercicio de sus funciones.
El magistrado fue cuestionado por dictar medidas fuera de su jurisdicción. Un caso representativo ocurrió en junio de 2025, cuando ordenó el secuestro de 200 toneladas de soja y un millón de toneladas de maíz en inmuebles ubicados en Itakyry, Alto Paraná, a más de 200 kilómetros de su juzgado. Esta conducta —calificada como “manifiesta ignorancia de la ley” y “violación de normas procesales fundamentales”— recuerda al caso del exjuez Domingo Arnaldo Vera Mendoza, destituido por actuaciones similares.
El ministro de la Corte, Manuel Dejesús Ramírez Candia, también denunció que Vázquez Gallardo “procedió prácticamente a anular una resolución emitida por un juez de igual clase de otra jurisdicción”, lo que consideró “bastante grave”. Según el magistrado, el juez suspendió de forma arbitraria una medida cautelar dictada por otro juzgado competente, incurriendo en una presunta “usurpación de funciones jurisdiccionales”.
No era la primera vez que el nombre de Vázquez Gallardo aparecía ligado a actuaciones polémicas. En 2023, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) lo había exonerado de responsabilidad en un proceso donde se le acusaba de tramitar al menos 112 juicios de quiebra de todo el país de manera irregular. Ministros de la Corte, como Ramírez Candia, ya habían advertido sobre “indicios de irregularidad” en su manejo de expedientes.
La no confirmación llega luego de que la Corte lo suspendiera con goce de salario básico, ordenara una auditoría de sus casos más conflictivos y le diera oportunidad de presentar descargos. Sin embargo, sus explicaciones fueron consideradas insuficientes por los ministros, entre ellos Eugenio Jiménez Rolón.
Con esta decisión, la Corte busca enviar un mensaje claro: los jueces deben actuar con estricto apego a la ley, dentro de sus competencias territoriales, y responder por sus actos para preservar la confianza ciudadana en la administración de justicia.
