La Corte Suprema de Justicia resolvió extender a todo el país y para cualquier tipo de delito el uso de las tobilleras electrónicas, una medida que —según el máximo tribunal— busca optimizar el sistema judicial, mejorar la seguridad ciudadana y reducir el hacinamiento carcelario.
Hasta ahora, estos dispositivos se utilizaban principalmente en Asunción y para casos de violencia intrafamiliar o delitos económicos. Con la nueva disposición, jueces de garantías, de ejecución penal o de sentencia podrán ordenar su uso en cualquier etapa del proceso, incluso en hechos punibles graves, siempre que corresponda según su criterio.
Uno de los principales objetivos es disminuir la prisión preventiva innecesaria y descongestionar las cárceles, donde la sobrepoblación sigue siendo crítica. Según estimaciones oficiales, un uso masivo de las tobilleras podría liberar el equivalente a dos penitenciarías completas, además de permitir separar a procesados de condenados en los centros de reclusión.
El sistema permite la geolocalización en tiempo real y genera alertas inmediatas ante violaciones de las condiciones impuestas, lo que facilita un control efectivo y aporta seguridad a víctimas y a la sociedad. La Corte recordó que en casos como el asesinato de Melania Monserrat, una tobillera pudo haber prevenido el crimen, subrayando su valor como herramienta de prevención.
La medida también responde a la disponibilidad de más dispositivos: en abril de este año se pasó de 20 a 100 unidades activas y existe un contrato vigente para llegar hasta 1.000. El Estado solo paga por las tobilleras efectivamente en uso, lo que garantiza eficiencia en la gestión de recursos.
La implementación es fruto de la coordinación interinstitucional entre la Corte Suprema, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Defensa Pública y los Ministerios de la Mujer y de la Niñez y Adolescencia.
Con esta ampliación, el Poder Judicial busca equilibrar criterios de seguridad, proporcionalidad y reintegración social, utilizando la tecnología como aliada en la lucha contra el delito y en la modernización de la justicia.
