El Estado paraguayo ha dado un paso histórico al ratificar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores a través de la Ley N.º 7600/2025, convirtiéndola en normativa jurídicamente vinculante.
Este instrumento internacional reconoce a las personas mayores como sujetos plenos de derechos y establece estándares claros en áreas fundamentales como salud, seguridad social, autonomía y vivienda. A nivel interno, este marco se complementa con la Constitución Nacional, la Ley N.º 1885/2002 “De las Personas Adultas” y la Ley N.º 7322/2024, que establece la Pensión Universal para las Personas Mayores.
“La ratificación de esta Convención era una de las recomendaciones centrales del Mecanismo Nacional de Prevención (MNP)”, destacaron fuentes oficiales, que la señalan como una herramienta esencial para la protección de la dignidad de las personas mayores.
Un cambio de paradigma con efectos vinculantes
Al ser ratificada, la Convención adquiere carácter obligatorio para el Estado paraguayo. Esto significa que el país está legalmente comprometido a cumplir con sus disposiciones y estándares. El instrumento cambia el paradigma al reconocer a las personas mayores como sujetos plenos de derechos humanos en esta etapa de su ciclo de vida.
La importancia radica en que fija parámetros claros en áreas críticas:
- Autonomía personal y toma de decisiones
- Salud integral con enfoque geriátrico
- Seguridad social universal
- Vivienda adecuada y entornos accesibles
- Participación social activa
- Acceso efectivo a la justicia
“Más allá de contar con normas avanzadas, la ratificación impulsa el desafío de traducir estas leyes en prácticas efectivas dentro del sistema judicial”
El desafío demográfico
Dado que Paraguay atraviesa un acelerado proceso de envejecimiento poblacional —según datos del Censo 2022— la ratificación es clave para fortalecer las políticas públicas y crear una política integral de protección social con presupuesto garantizado.
El objetivo primordial de esta ratificación es asegurar un envejecimiento saludable, promoviendo y protegiendo los derechos fundamentales de este sector poblacional. Sin embargo, el gran desafío que se abre ahora es traducir estas leyes en prácticas efectivas dentro del sistema judicial, garantizando una tutela real y respetuosa de los derechos de las personas mayores.
