El régimen de Alfredo Stroessner (1954-1989) afectó profundamente los derechos humanos en Paraguay a través de una estructura sistemática de atropellos a las libertades fundamentales que se extendió por 35 años.
El impacto del stronismo se manifestó en diversas formas de violencia estatal y legados institucionales. Durante la dictadura se registraron miles de víctimas producto de la represión, específicamente la existencia de caídos, detenidos y desaparecidos. Además, se destaca que la resistencia ciudadana contra el régimen tuvo un costo humano sumamente alto, cobrándose miles de vidas.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) señala la necesidad de investigar y sancionar los hechos de tortura ocurridos durante ese periodo para evitar la impunidad. Asimismo, se documenta el uso de la represión policial como una herramienta constante de control contra la ciudadanía.
El Museo de la Justicia conserva materiales inéditos que evidencian los atropellos a las libertades civiles durante la época. Actualmente, este espacio funciona como un centro de documentación y archivo para la defensa de los derechos humanos, subrayando la importancia de la memoria para no volver a una dictadura cívico-militar.
La dictadura sentó las bases de la corrupción que persiste en la era democrática. Esto ha dificultado la transición hacia un Estado Social de Derecho capaz de garantizar plenamente los derechos universales, ya que el poder político formal sigue influenciado por grupos de interés que capturan las instituciones para proteger privilegios en lugar de derechos.
Aunque Paraguay ha avanzado en materia de democracia electoral desde la caída de Stroessner, persiste un “déficit democrático profundo” donde el Estado aún tiene dificultades para garantizar derechos básicos como salud y educación pública, reflejando una desigualdad socioeconómica que es vista como una deuda pendiente de la transición iniciada en 1989, principalmente a través del desvío de recursos públicos hacia intereses privados, lo que debilita la capacidad del Estado para garantizar estos derechos fundamentales.
La corrupción agrava la falta de fondos en los sistemas de salud y educación pública, impidiendo que funcionen de manera óptima. Esta falta de inversión y el desvío de fondos se reflejan en resultados preocupantes, como una alta mortalidad materno-infantil y la persistencia de enfermedades endémicas como el dengue. En el ámbito de la educación, la debilidad institucional y financiera se evidencia en los bajos resultados obtenidos en las pruebas estandarizadas de aprendizaje (PISA).
En lugar de funcionar como un árbitro que redistribuya recursos para corregir inequidades, el Estado a menudo actúa como un instrumento que protege privilegios sectoriales. Esto reduce la potencialidad de ofrecer servicios públicos de calidad para todos y viola el principio de igualdad ante la ley. Debido a la deficiencia de estos servicios, situaciones como una enfermedad pueden sumir fácilmente a las familias en la pobreza, especialmente a aquellas que trabajan en la economía informal y carecen de protección social.
En conclusión, la corrupción impide que la democracia paraguaya cierre las brechas de desigualdad, convirtiendo el acceso a la salud y educación de calidad en un desafío estructural en lugar de un derecho universal efectivo.
Para comprender la magnitud de estos abusos, el MNP insta a las instituciones educativas a enseñar la historia reciente basándose en las recomendaciones del Informe de la Comisión de Verdad y Justicia.
